Debacle
laboral. Servicio público dominicano.
Scarlett
Lugo, M. A.
En la actualidad, la República
Dominicana está inmersa en un proceso de cambio de gobierno, que aunque tenga
un marco de referencia para el buen desempeño de la misma, constitucionalmente
hablando, existen los llamados toques diferenciales o personalizaciones de
hacer lo sugerido por ella en cada gobierno. Cada persona desarrollará la tarea
asignada con esos toques propios de su saber y muy característicos de sí. De lo anterior se desprende recordar
que todo está escrito y establecidas están as directrices para que el buen
funcionamiento de los sistemas lleve el mejor de los caminos. Es evidente, que
hay escritos que ameritan actualizaciones y que se establezcan las debidas
comparaciones para que la toma de decisiones sean las más ajustadas al tiempo
presente, sin que se vulneren todos los rigores que en este momento confluyen
en lo establecido. Lo antes dicho debe visualizar el engranaje completo de un
sistema de gobierno, puesto que, es un pulpo que tiene más de ocho tentáculos.
En el plano laboral, haciendo honor a
los tantos ciudadanos que se han convertido en servidores públicos del país,
desde los puestos menores hasta los más altos, hoy día, existe una ansiedad
generalizada, por cuanto, tienen en puerta una situación de cambio, que muchos veían
demasiado lejos y que por experiencias anteriores y reseñas históricas, no se
esperan con asunción de que tiene que ser, sino con cierto grado de
desesperanza, tristeza y hasta ambivalencia. Es innegable que el desarrollo económico de un
país está intrínsecamente ligado a la inversión en su capital humano. La falta
de capacitación de la fuerza laboral limita las oportunidades para el acceso al
empleo de la población en edad de trabajar (PET). Sin embargo, a la altura del
2020, existe un engranaje legal que presenta un panorama distinto de la
realidad vivida hace 20, 15, 10 años atrás.
El sistema de función pública en la
actualidad, está enmarcado sosteniblemente en la ley 41-08 que fue publicada el
16 de agosto de ese mismo año, siendo producto de una dignificación del
servidor y una clarificación del concepto, para establecer las debidas
diferencias con lo que hasta hace poco era una cultura. De ella, que es
producto de estudios y un seguimiento comportamental de cómo sucede a lo
interno, comparaciones internacionales con países de semejante forma de
gobierno, se desprenden, acompañan y superponen otras legislaciones que
ameritan su consideración a los fines de cualquier toma de decisión que gire en
torno a un servidor público y su suerte a lo interno de las instituciones.
Se entiende que el estatus que ha
logrado la administración pública desde la óptica empleomanía, saneamiento,
calidad de servicio, preparación, ética, profesionalidad, competencias
laborales y más que todo dignidad, tanto en trato a terceros como a lo interior
de cada ministerio, oficina, y estancia pública, está demasiado robustecido y
sostenible como para entenderse paradigma de la mira internacional. Se entiende
además, que existirán sus excepciones, grandes, muy grandes tal vez, sin
embargo, comparativamente hablando con procesos anteriores, donde la dignidad
laboral del servidor público, antes entendido
solamente como funcionario público, se veía vejada y atropellada, hoy resultará un poco molestoso incurrir en prácticas
antiguas.
Necesariamente, se debe leer un poco y
buscar las mejores salidas a las demandas de quienes quieren, y hasta necesitan
la oportunidad de disfrutar de una estabilidad laboral en el sistema
gubernamental, ya que, el perfil de los que desean ingresar deberá según lo
escrito, ajustarse a lo que demanda cada puesto al que se aspira. Hacer una selección
de personal que se ajuste a las demandas y exigencias de cada puesto que haya
de ser sustituido (en caso de que así sucediere) y saber que mañana, lo que hoy
es en contra de uno será en contra de quien anhela llegar. Es bien sabido que
existe la encrucijada de que habiendo nuevo gobierno, vendrá nuevo personal, y
que los compañeros de campaña hicieron su trabajo, empero, la estatura del
ministerio de administración pública en la actualidad, ha dejado poca brecha
para que se cumpla con todas las deudas sobre eso; para que se pueda entender
sin provocar ronchas el porqué no podrá suceder una debacle laboral, en la
medida, proporción, rapidez y dimensión en que se espera que suceda a fin de
saciar a unos y hasta cierto punto perjudicar a otros.
El estado momentáneo que está atravesando
la República Dominicana con estados excepcionales activos, pocas diferencias
con el panorama internacional, una ciudadanía desconocedora e incrédula, provocadora
por demás de siniestros familiares por la irresponsabilidad de no obedecer al
llamado quédate en casa, cansada de solo escuchar díceres distintos a su cruda
realidad, todos los servicios encumbrados y con proyecciones a seguir subiendo,
con amenazas latentes a la pérdida de una aparente comodidad (empleo), favores
adeudaos que se pierden en el tiempo por la larga espera a la que se está
sometido, no porque así lo quiere un grupo, sino por la inminente presencia de
un monstruo invisible que arrebata las vidas y confort de seres humanos; es
generador de altos disgustos en quienes viven, altos conformismos en quienes
tiran la toalla, y grandes ansiedades en quienes no conocen.Es posible que el miedo a la pérdida de
lo poco que se tiene sea el vestido de muchos, y el orgullo de otros que están esperando
con elevados deseos de logro, escarnios que se vivifican entre iguales que
hasta amigos se decían, más, el no vulnerar lo aparentemente impenetrable de
ese sistema legal es lo que se han propuesto los que llegan, el proteger al
ciudadano es la consigna mayor de quien preside, y el pago de altos favores a unos
cuantos es todo un ingente reto.
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